Abogados y defensores de migrantes dicen que la orden ejecutiva que dificulta el pedido de asilo para quienes hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos, no solo endurece las condiciones de esos pedidos, también crea conflicto legal en el proceso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó ayer el fin de los pedidos de asilo para quienes ingresen ilegalmente al país, una medida que busca disuadir a los migrantes centroamericanos que avanzan por México hacia la frontera sur estadounidense.

La negación automática de las solicitudes de asilo de los migrantes sin documentos, que alegan buscar refugio por la violencia en sus países de origen, fue cuestionada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y demandada ante la justicia por organizaciones de derechos civiles estadounidenses.

La medida no afectará a ningún extranjero que pida protección presentándose debidamente en un puesto fronterizo, ni a ningún residente permanente legal en Estados Unidos. Tampoco alcanzará a los menores de edad que viajen solos.

Pero Acnur no tardó en cuestionarla, diciendo que Estados Unidos empuja así a los migrantes, que suelen tomar esta decisión de manera “desesperada”, a recurrir a los traficantes de personas.

“Acnur espera que todos los países, incluido Estados Unidos, hagan posible la protección y la asistencia humanitaria”, dijo.

 

Batalla en tribunales

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la ONG Southern Poverty Law Center y el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR) ya presentaron una demanda impugnando la orden.

“Desde los horrores de la Segunda Guerra Mundial, las naciones del mundo se han comprometido a darles a los solicitantes de asilo la oportunidad de buscar refugio. La administración Trump no puede desafiar este principio humanitario más elemental”, dijo Baher Azmy, del CCR.

Bajo el Acta de Inmigración y Naturalización (INA) de 1965, “la gente puede solicitar asilo, estén o no en un puerto de entrada, sin importar su estatus migratorio. El presidente no puede ignorar la ley solo porque no le gusta”, explicó Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos para Inmigrantes de la ACLU, informó el periódico La Opinión.

Por su parte, Ur Jaddou, director del proyecto “DHS Watch” de “America’s Voice”, dijo que con esta acción, la Administración está dando un “mazazo” a la tradición estadounidense “de proteger a quienes huyen de la persecución”.

Trump “está reescribiendo unilateralmente la ley de asilo que aprobó el Congreso hace décadas. El pretexto es un grupo desesperado de refugiados centroamericanos a centenares de millas de distancia de la frontera, que Trump ha convertido cruelmente en una crisis por razones políticas”, según Jaddou.